Elizabeth Möhle, especialista en ciencias ambientales del Área de Ambiente y Política de la UNSAM, caracteriza la matriz energética nacional y analiza las políticas de descarbonización implementadas en nuestro país en las últimas décadas.

Por Elizabeth Möhle

Caracterización de la matriz energética

Si comparamos la matriz energética primaria de 1970 con la de 2016, podemos ver un clarísimo reemplazo del petróleo por el gas. El porcentaje de petróleo bajó de un 71 % a un 33 %, mientras que el gas aumentó de un 18 % a un 53 %. Esto es relevante porque, si bien ambas son fuentes fósiles, el petróleo tiene un 37 % más de emisiones de gases de efecto de invernadero que el gas.

Los gráficos dan cuenta del peso que históricamente —y aún hoy— tienen los hidrocarburos en nuestra matriz energética, representando casi el 90 % de los consumos. A su vez, se observa la incorporación gradual de la energía hidráulica y la energía nuclear, y la reducción en el uso del carbón. Esto, en el marco de una duplicación de la demanda total de energía en el país.

Es importante observar esta matriz en un contexto global en el que el petróleo y el carbón son protagonistas indiscutibles. El carbón es aún más contaminante que el petróleo, ya que duplica sus emisiones. Si bien la matriz argentina es absolutamente dependiente de los combustibles fósiles, por su esquema basado en gas natural tiene emisiones de GEIs relativamente más bajas que las de la matriz global.

Caracterización de la matriz eléctrica

Si miramos la matriz eléctrica de la Argentina, nos encontramos con una imagen levemente diferente, en la que la generación a partir de combustibles fósiles se reduce al 61.4 % —un 21.7 % se explica por la hidroeléctrica, un 7,5 % por la nuclear y un 9,5 % por las renovables—.

El peso creciente de las renovables en la matriz eléctrica se explica por un incipiente esquema de incentivos a ese tipo de generación de energía. En 2006, se sancionó la Ley 26.190 de Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. A partir de esta ley se buscó aumentar el aporte de las llamadas “energías renovables alternativas” (biomasa, solar, eólica, mini-hidroeléctricas, geotérmica, residuos, etc.) estableciendo metas de un 8 % de cobertura de consumo para 2019 y un 20 % para 2025. La norma recién se reglamentó en 2009; el proceso de incorporación efectiva de las renovables al sistema fue lento, pero pasó de casi un 0 % en 2009 a un 1,8 % en 2016 y a un 5 % en 2019, superando el aporte de la energía atómica.

En cuanto a las renovables, vemos que han llegado a un pico del 24 % y, en condiciones climáticas favorables, pueden explicar una porción relativamente importante de la generación eléctrica. A su vez, observamos un claro protagonismo de la energía eólica por sobre las otras alternativas tecnológicas.

Emisiones

Ahora bien, las emisiones de gases de efecto invernadero no provienen solo de la energía, sino de muchos otros sectores, por lo cual se sostiene que el proceso de descarbonización supone un cambio sistémico en los modos en los que se organizan nuestras sociedades y economías.

Según el último inventario de gases de efecto invernadero (2019) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las emisiones de nuestro país por sector se dividen en un 53 % en energía; 37 % en agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra; 6 % en procesos industriales; y 4 % de residuos.

Agendas de descarbonización

A partir del avance de los trabajos científicos —particularmente, del IPCC—, la creciente presión ciudadana y la visibilización de los efectos concretos del cambio climático se fue construyendo en la comunidad internacional un imperativo de acción frente al cambio climático. Esto se refleja en el Acuerdo de París de 2015 —un pacto global para la no superación de los 2°C (idealmente 1,5°C) de la temperatura media de la Tierra respecto de las condiciones preindustriales— y en la serie de declaraciones de compromiso de la mayoría de los países para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

En diciembre de 2020, la Argentina se comprometió a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y a disminuir un 19 % de las emisiones hacia 2030 en comparación con 2007, apuntando a mantener un porcentaje de participación del 0,9 % respecto de las emisiones globales. Cumplir estas metas no es posible solo a través de una transición energética, sino que requiere políticas y estrategias en otros sectores como la protección de ecosistemas, la industria y la gestión de residuos.

En este sentido, la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares constituyen también una política de descarbonización. En la misma línea, una ley que proteja los humedales también aporta a la reducción de las emisiones por cambio de uso del suelo. Sin embargo, esa ley aún no ha sido aprobada.

Un hito importante de los últimos años es la sanción de la Ley de Cambio Climático, que establece como instrumentos de política pública el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático, el Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero y Monitoreo de Medidas de Mitigación, el Sistema Nacional de Información sobre Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación al Cambio Climático y el Gabinete Nacional de Cambio Climático.

Más allá de estos avances parciales, la falta de una estrategia de descarbonización nacional —como sí la tienen otros países como Costa Rica— hace que las iniciativas aisladas no constituyan un plan integral capaz de no solo construir respuestas al desafío económico y tecnológico de la descarbonización y la transición energética, sino también la construcción de una coalición poscarbono.

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