Gobierno de España quiere terminar con el anonimato en las redes sociales

El Partido Popular (PP), que gobierna España, presentó un proyecto de ley para terminar con el anonimato en las redes sociales, para lo cual propuso que los usuarios utilicen “la identidad administrativa real”, una iniciativa calificada como “gravísima” por organizaciones sociales y periodísticas.

Al justificar el anteproyecto, el portavoz del PP Rafael Hernando afirmó que el partido quiere “que detrás de las cuentas y perfiles en redes sociales siempre haya una identidad y que el usuario sepa que está identificado”.

El funcionario añadió que el anonimato online “ha provocado la utilización abusiva por parte de personas con el objetivo de enmascarar delitos, que no serían aceptados en ningún caso si se produjera de forma no anónima por parte de nadie”.

“Tiene que haber un registro que sirva para prevenir la comisión e estos delitos”, señaló Hernando, y consideró en declaraciones a la web oficial del partido en el Congreso que es necesario “habilitar estos mecanismos que sirvan para proteger la identidad digital del usuario”.

La propuesta generó un duro cuestionamiento de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que reúne asociaciones de derechos humanos, medios de comunicación y profesionales, para la cual “la ciudadanía no necesita que se la proteja de internet. Pero internet sí necesita ser protegida de los políticos”.

A través de un documento la PDLI afirmó que esta iniciativa “es un ataque muy grave” a derechos fundamentales, “en particular” a la libertad de expresión y la libertad ideológica, que deben estar garantizados y protegidos “independientemente del canal en el que se expresen, tal como Naciones Unidas ha declarado en repetidas ocasiones y de forma específica sobre el derecho al anonimato en internet”.

Por lo tanto, la Plataforma advirtió que “cualquier ley que intentase plasmar las propuestas de esta iniciativa (como acabar con el anonimato de internet haciendo obligatoria la identificación para el acceso a cualquier servicio de Internet o “restringir o limitar el acceso a la red a todos aquellos que [lo] incumplan”) sería con toda probabilidad inconstitucional”.

Asimismo, denunció que la propuesta oficial “no responde” a ninguna demanda social ni tampoco a una necesidad jurídica “pues los poderes públicos disponen de mecanismos suficientes dentro de su ámbito de actuación para perseguir los delitos en Internet, incluso de forma desproporcionada como sentencias recientes contra tuiteros han puesto en evidencia”.

“De este modo, esta proposición del PP solo puede verse como enésimo intento (tras las últimas reformas del Código Penal, la Ley de propiedad intelectual o los ‘globos sonda’ sobre la reforma de la Ley de protección del derecho al honor) de recortar las libertades en internet”, agregó la Plataforma.

Además, recordó que “no se trata de propuestas aisladas. Hace unas semanas esta Plataforma, junto con organizaciones de periodistas, de editores y medios se pronunció contra la ‘idea’ de controlar gubernamentalmente la información online con la excusa de las ‘noticias falsas’ en la red”.

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